05/04/2018
Por: api.cat
La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) albergan un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el valor de referencia de mercado de la vivienda para usarlo como referencia en la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local.
Esto es algo que el Gobierno tenía que haber hecho durante la crisis, ya que lo exige la Ley del Catastro. Esta valoración se hace para cumplir con lo exigido por parte del artículo 23.2 del Texto Refundido de la Ley de Catastro. Sin embargo, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza. Ahora que el ladrillo se revaloriza de forma notable, el Ministerio de Hacienda aplica este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.
Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que 'la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga'.
En el Presupuesto, Hacienda asegura que esta modificación de los valores catastrales 'permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario', pero obvia que, a la vez, se está impulsando una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista en los años venideros.
De hecho, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben hacer los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
'El problema radica en la valoración del mercado que se hacen sobre las denominadas ponencias catastrales y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes', asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.
Para ello, el Catastro deberá elaborar 'un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos'.
Por otro lado, se establece un régimen transitorio: 'Para la determinación del valor de referencia se elaborará un informe anual del mercado inmobiliario, base de la determinación de los diferentes módulos de valor'. Para el suelo rústico no ocupado por construcciones se aplicarán correcciones en base a 'factores objetivos de localización, agronómicos y socioeconómicos'. Es decir, habrá un nuevo método de valoración que elevará el valor catastral en la inmensa mayoría de los casos.
A partir de ahora, el Catastro determinará el valor de mercado de los pisos para usarlo como referencia en la valoración catastral, en un momento de fuerte alza de precios.